Turnan a la Asamblea General de la ONU caso de desapariciones forzadas en México

El proceso se fundamenta en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas

• Arnulfo de la Cruz
• Abril 23, 2026 - 11:02 p.m.
• NACIONAL

El caso de la crisis de desaparecidos en México ya fue turnado a la Asamblea General de las Naciones Unidas a través del secretario general, informó este jueves el presidente del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED), Juan Pablo Albán.

En su cuenta de X, el abogado y doctor en Jurisprudencia apuntó que este mecanismo responde a un cauce procedimental previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Asimismo, señaló que no confiere al secretario general facultad discrecional para decidir sobre su transmisión a la Asamblea ni para retener la decisión adoptada por el Comité.

"En ese marco, la cuestión ha sido ya elevada a la Asamblea General por intermedio del secretario general, órgano deliberativo principal de las Naciones Unidas al que corresponde pronunciarse sobre los mecanismos para apoyar a México en el abordaje de la situación", indicó.

Albán Alencastro, subrayó que una comprensión precisa de estos procedimientos contribuye a un debate informado y al fortalecimiento del sistema internacional de protección de los derechos humanos.

El anuncio se da tras la visita de Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a México, donde afirmó que la impunidad es el problema más recurrente señalado por víctimas, buscadoras y organizaciones.

Cabe recordar que, el pasado 2 de abril, el CED difundió su informe final en torno a la situación de las desapariciones forzadas en México, y determinó solicitar al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, que remita "urgentemente" el caso a la Asamblea General para que se considere apoyar al país a prevenir, investigar, sancionar y erradicar estos crímenes.

No obstante, el Gobierno de México ha insistido en rechazar ese documento, al calificarlo de "tendencioso y falto de rigor jurídico".