Gobierno Federal reconoce contradicciones en reforma a 'pensiones doradas'

La Consejería Jurídica instruyó privilegiar un criterio de continuidad entre el sueldo activo y la pensión

Gobierno Federal reconoce contradicciones en reforma a pensiones doradas

El Gobierno federal admitió 'errores' en la reciente reforma al artículo 127 de la Constitución, impulsada para limitar las llamadas "pensiones doradas".

Medios nacionales reportaron que a través de un oficio del pasado 9 de junio, la consejera Jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, expuso que la reforma contiene disposiciones contradictorias que imposibilitan su aplicación tal como fue aprobada por el Congreso de la Unión, ya que mientras que para los funcionarios en activo fija como límite salarial la remuneración de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el rubro de jubilaciones pretendía recortar el techo a la mitad de dicho monto.

Alcalde Luján, sostuvo que ambas disposiciones no pueden aplicarse al mismo tiempo, ya que las pensiones se calculan con base en el salario obtenido durante la vida laboral.

Ante esta "incertidumbre" generada en las normas dentro del mismo texto constitucional, la Consejería Jurídica instruyó privilegiar un criterio de continuidad entre el sueldo activo y la pensión.

Con esta determinación, el tope del 50% quedó convertido en letra muerta, ya que, en la práctica, las dependencias federales han comenzado a pagar las pensiones -tanto para los ya jubilados como para futuros retirados- con un límite fijado en el 100 % del ingreso neto de la titular del Ejecutivo, que asciende a 134 mil 290 pesos mensuales.

La iniciativa presidencial para modificar el artículo 127 constitucional fue presentada el pasado por la presidenta Sheinbaum, tras una serie de señalamientos públicos sobre los elevados ingresos de miles de jubilados en empresas paraestatales y la banca de desarrollo, destacando casos de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y Petróleos Mexicanos (Pemex) donde exfuncionarios recibían pensiones mensuales superiores a un millón de pesos.

En su momento, la elaboración de la propuesta estuvo a cargo de la entonces consejera jurídica Esthela Damián, -hoy aspirante a la gubernatura de Guerrero, quien dejó el cargo el 30 de abril y fue relevada por Luisa María Alcalde.