Observatorio Urbano solicita al gobernador una disculpa pública por descalificarlos y mentir a ciudadanos

Considera que debe haber consecuencias administrativas, legales y políticas contra quienes han intervenido en el proyecto Villahermosa 2030

Observatorio Urbano solicita al gobernador una disculpa pública por descalificarlos y mentir a ciudadanos

Una disculpa pública del gobernador Javier May Rodríguez, por descalificar a los integrantes del Observatorio Ciudadano y por mentirle a los ciudadanos con lo relacionado al proyecto Villahermosa 2030, dijo esperar el integrante de este organismo civil, Alejandro May.

En rueda de prensa, el activista social consideró que debe haber consecuencias administrativas, legales y políticas contra quienes han intervenido en el citado proyecto del que se ha evidenciado la falta de transparencia, su elevado costo, la venta de bienes del estado y su impacto ambiental.

"Nosotros esperamos primero que haya un costo administrativo en la Secretaría de la Función Pública, de Anticorrupción, que investigue estos actos de mentira abierta y engaño al pueblo de Tabasco. Que hayan consecuencias administrativas y por supuesto, esperamos consecuencias políticas comenzando por el gobernador Javier May, que pida disculpas desde el mismo púlpito desde donde nos descalificó y nos insultó, que pida disculpas por haberle mentido al pueblo de Tabasco y que anuncie la terminación anticipada de este contrato y las responsabilidades administrativas contra los funcionarios que formaron parte de este proceso.

"Así como para la arquitecta Doris del Carmen Iglesias Ramón, directora de Proyectos y Responsabilidades Políticas contra el exsecretario de SOTOP que ahorita está buscando ser candidato de Morena a la presidencia del Centro. La impunidad política ya no puede existir, si en algo sí dijo verdad Javier May fue que el pueblo ya despertó", indicó.

Asimismo, adelantó que tal y como lo han hecho hasta ahora, los colectivos ciudadanos seguirán denunciando con información pública y fundamentos legales las acciones del gobierno que atenten contra el medio ambiente y los derechos ciudadanos.