"Nuestra conciencia está muy tranquila": Merino sobre caso Priego Solís

Apuntó que este es un tema en el ámbito de la independencia del Poder Judicial y de la FGE

• Candelario Osorio León
• Julio 13, 2023 - 09:30 p.m.
• TABASCO

El gobernador Carlos Manuel Merino Campos, expresó que su "conciencia está muy tranquila", tras rechazar que la detención de Jorge Javier "N", ex presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ), se trate de una venganza política o que sea un chivo expiatorio como sugirieron algunos militantes del PRD.

A su salida del edificio del TSJ, donde acudió al informe de labores que rindió el presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, el jefe del Ejecutivo estatal, se mostró respetuoso de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado (FGE), a partir de la denuncia presentada por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE). 

Apuntó que este es un tema en el ámbito de la independencia del Poder Judicial y de la FGE, por lo que el Poder Ejecutivo no tiene nada que ver en este asunto.    

"El PRD como partido político puede opinar lo que crea conveniente –¿Descarta tintes políticos?-, nosotros no tenemos como Ejecutivo absolutamente nada que ver, nuestra conciencia está muy tranquila, no tenemos por qué andar haciendo esas cosas, seguramente cree el león que todos son de su condición, seguramente en otros tiempos lo hacían, ahora no", expresó.  

Ante la pregunta de si la detención de Jorge Javier "N" se dio luego de las críticas hechas por el diputado local de Morena, Emilio Contreras Martínez de Escobar, en las que señalaba que no se había procedido pese al presunto desvío de recursos por 102 millones de pesos de la cuenta pública 2018 del Poder Judicial, Merino Campos, manifestó:  

"Eso hay que preguntarlo a las instancias legales y judiciales, no es el caso para nosotros", apuntó.  

Cabe señalar que el exmagistrado en el sexenio de Arturo Núñez, es investigado por presuntamente participar en los delitos de ejercicio ilícito de atribuciones y facultades por un daño patrimonial al Poder Judicial por más de 40 millones de pesos, debido a un proyecto de videoconferencias pagado al 100 por ciento, pero que está inconcluso.