Inicia CEDH 4 carpetas de investigación por motines e incautación de armas en el Creset

Busca esclarecer muerte de internos durante las revueltas

Inicia CEDH 4 carpetas de investigación por motines e incautación de armas en el Creset

Derivado de los motines que se han registrado en el Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (CRESET), en diciembre de 2024 y febrero de 2025, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició cuatro quejas de oficio para determinar la muerte de los reclusos durante estas revueltas.

De acuerdo con la CEDH, los expedientes abiertos son el 359/2024, procedente del motín registrado el 19 de diciembre del año pasado, asimismo abrió dos quejas más, la 694/2024, por la incautación de armas y drogas al interior del CRESET.

El otro es el 744/2024, que inició derivado de los videos que circularon en redes sociales por la revuelta registrada el 19 de diciembre, cuando los internos se amotinaron para impedir el traslado de dos reclusos señalados como los “generadores de violencia” en el estado.

En este sentido, el presidente de la CEDH, José Antonio Morales Notario, subrayó que, desde el primer motín, en diciembre pasado, la Primera Visitaduría ha estado dando seguimiento a las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE), a fin de esclarecer la muerte de más de 10 internos entre ambos sucesos, y si hubo alguna participación de las autoridades en dichas revueltas.

“En el caso del primer motín, el año pasado, la CEDH estuvo pendiente de estos hechos, incluso se inició la queja de oficio en estos hechos, contamos con la Primera Visitaduría, que está especializada en atención a centros penitenciarios, sobre todo para dar atención y seguimiento a los casos como este en el que, desafortunadamente, perdieron la vida varias personas, principalmente para ver las razones por las cuales se dieron estos hechos y también para iniciar las investigaciones, y acompañar a la FGE, en las indagatorias que realiza en cuanto a cómo se dan estos hechos o cómo es que entran estas armas al reclusorio”, dijo.

Morales Notario indicó que, tras el segundo motín registrado el pasado 4 de febrero, también iniciaron de oficio la queja 72/2025, y junto a los tres expedientes, están en trámite, cada uno por separado.

“Estamos trabajando de la mano con Seguridad Pública y Fiscalía, en cuanto a darle seguimiento a las carpetas que se iniciaron, estamos precisamente en el último (motín) que se dio, pidiendo informes a las autoridades, para que nos permitan las carpetas de investigación correspondiente y determinar si hubo alguna violación a derechos humanos”, agregó.

El ombudsperson mencionó a Telereportaje que, desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), le pidieron ya un informe de las acciones emprendidas tras los motines registrados en el centro penitenciario de Villahermosa, por lo que no descartó que pueda derivar en recomendaciones los expedientes en trámite.

“Estamos trabajando de la mano con la CNDH, incluso, cuando se dieron estos últimos hechos preguntándonos que acciones habíamos realizado, se le informó lo que te estoy diciendo, que se inició una queja de oficio y se solicitaron los informes correspondientes - ¿Esto podría derivar en una recomendación? – Puede derivar en una recomendación, pero es después de las investigaciones que realicemos”, comentó.

Aunado a esto, precisó que, en los censos levantados por la CNDH, en ningún momento se manifestó o se hizo referencia, por parte de las personas privadas de la libertad en el CRESET de Villahermosa, sobre el ingreso o portación de armas.

“En los informes que emite la CNDH, no han hecho referencia de ingreso de armas, en todos los reportes que, emitido la CNDH, no hay reportes sobre el ingreso de armas… - La queja más recurrente ¿cuál era? – Muchos de ellos es en cuanto a su preliberación”, señaló.

En cuanto a la propuesta del gobernador Javier May Rodríguez, para reubicar los internos del CRESET al Penal Federal de Huimanguillo, Morales Notario mencionó que eso es facultad de las autoridades penitenciarias, aunque los familiares de los reclusos tienen algunos recursos, en caso de que no estén de acuerdo, debido a la lejanía de dicho centro penitenciario.

“Recordemos que están a disposición de la SSPC, precisamente de la Dirección de Prevención Social y ellos considerarán lo adecuado en cuanto al traslado de los reos. En determinado momento los familiares podrán recurrir a instancias legales para evitar este traslado o puede ser un juicio de amparo y será un Juez Federal el que determine si es procedente o no el traslado de su familiar, dependiendo la circunstancia de cada caso”, enfatizó.

Finalmente, recordó que la CEDH, en años anteriores ha emitido recomendaciones a las autoridades estatales, referente al hacinamiento de internos en todos los penales del estado.