Gobierno de Tabasco sin ser notificado de resolución de la Corte sobre Ley ISSET: jurídico del estado

Resolución llegó 8 años después

• René Camacho Marín
• Noviembre 30, 2024 - 08:14 p.m.
• TABASCO

A más de un mes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó reformas a la Ley del ISSET, el gobierno de Tabasco sigue sin ser notificado de la resolución, revela el coordinador de Asuntos Jurídicos, Jesús Manuel Argáez de los Santos.

El funcionario estatal indicó que seguirán pendientes como terceros interesados en el tema para hacer las adecuaciones pertinentes.

No obstante, Argáez de los Santos sostuvo que algunas medidas que establece el fallo de la Corte se aplicaron desde el primer momento, en tanto el Poder Legislativo realiza los cambios señalados.

“Obviamente la resolución se va a acatar en todo sentido, ya hay algunas instrucciones para que se cumpla, por ejemplo, con los requisitos que se pedían en cuanto a que se tenían que hacer pagos para inscribir a los padres, ya no se están llevando a cabo, pero una vez que se haya llevado a cabo la adecuación, que está dentro de los términos que marcó la propia corte nosotros acataremos al 100 por ciento – hasta cuándo tienen para hacer las modificaciones – viene en la propia notificación, generalmente son 180 días, pero tenemos que esperar que nos notifiquen, como gobierno del estado no hemos sido notificados”, expuso.

Es de recordar que, el 15 de octubre el pleno de la Corte resolvió declarar la invalidez de varios artículos de las reformas a la Ley ISSET aprobadas durante el sexenio del exgobernador, Arturo Núñez Jiménez y publicada en el Decreto 294, el 31 de diciembre del 2015.

Sin embargo, aunque se invalidaron en varios artículos algunos aspectos que eran los de mayor reclamo por parte de los trabajadores al servicio del Estado, como el incremento del 8 a 16 por ciento, en el pago de cuotas y el aumento en las edades de jubilación, quedaron igual.

La resolución llegó ocho años después, luego que la Corte entró al estudio de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las bancadas del PRI y PVEM, en el Congreso local, en agosto del 2016, a la que posteriormente se sumó la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).