Colectivo "Soy Papá, No Criminal" exige a los tres poderes frenar la obstrucción de convivencia familiar

Denunciaron que persisten barreras legales que impiden a cientos de padres mantener un vínculo con sus hijos tras divorcios

• Víctor Esquivel
• Abril 24, 2026 - 08:55 p.m.
• TABASCO

En el marco de la conmemoración internacional contra la violencia hacia la niñez, integrantes del movimiento #SoyPapáNoCriminal se movilizaron este día para entregar un pliego petitorio ante el Congreso del Estado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y el Palacio de Gobierno.

Los manifestantes denunciaron que persisten barreras legales y emocionales que impiden a cientos de padres mantener un vínculo con sus hijos tras divorcios conflictivos.

Al respecto, María Magdalena Cruces Galán, representante del colectivo, explicó que la legislación vigente carece de equilibrio, ya que favorece de manera sistemática la guarda y custodia materna, lo que coloca a los padres en una situación de vulnerabilidad procesal.

"Todos estos padres están obstruidos del vínculo con sus hijos; no por meses, por años. Y eso es un daño irreversible a los hijos. Y los jueces no hacen nada, pueden mantener por meses los expedientes y no hay pruebas suficientes para que esos padres no vean a sus hijos. Es una injusticia, sí para el padre, pero peor para el niño. La Constitución, en el Artículo 1 y el 4, dice que somos iguales ante la ley. Ahora ya no; nosotros las mujeres estamos por encima de ustedes los hombres. Yo te puedo denunciar de lo que se me dé la gana, sin tener una prueba y un testigo, y te acabo la vida.

"Y tenemos un pliego petitorio para los tres poderes, porque en el Tribunal Superior de Justicia los jueces no están preparados para llevar un juicio familiar. Necesitan estar calificados para llevar juicios familiares, esperamos ser escuchados", explicó.

El pliego petitorio entregado a las autoridades contempla puntos clave para transformar el sistema de justicia familiar, desde la revisión exhaustiva del actuar de jueces y funcionarios en materia familiar, hasta la formación obligatoria en derechos de la niñez y perspectiva de igualdad.

Además, propusieron que jueces, fiscales, peritos y abogados se sometan a evaluaciones psicológicas y certificaciones para garantizar la imparcialidad en sus dictámenes.