Rocha Moya en lista de narcos en EE.UU. junto a Yarrington y García Luna

Al mandatario estatal se le relaciona con el Cártel de Sinaloa

• Vanessa Vázquez
• Mayo 01, 2026 - 11:01 p.m.
• PRIMERA PLANA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha sido incluido en una lista de políticos mexicanos señalados por presunta vinculación con el narcotráfico, derivado de investigaciones realizadas por autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con las acusaciones, al mandatario estatal se le relaciona con el Cártel de Sinaloa, presuntamente para facilitar el trasiego de grandes cantidades de droga y aceptar sobornos. No obstante, otros exfuncionarios ya han enfrentado procesos judiciales e incluso condenas por hechos similares.

Uno de los casos es el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo (1993–1999), investigado por la Administración de Control de Drogas (DEA) por su presunta relación con el Cártel de Juárez. Fue condenado a 131 meses de prisión por conspiración para lavar dinero proveniente de sobornos del narcotráfico.

Otro caso es el de Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas (1999–2004), también investigado por la DEA. Hace cinco años se declaró culpable de haber recibido sobornos durante su gestión. 

Aunque algunos cargos relacionados con narcotráfico fueron desestimados tras un acuerdo, actualmente permanece preso en México por delitos contra la salud vinculados al crimen organizado.

El exsecretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien ocupó el cargo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012–2018), fue señalado por la fiscalía estadounidense por presunta producción, tráfico y distribución de drogas, en particular marihuana. 

Sin embargo, en 2020 fue detenido en Estados Unidos y posteriormente liberado sin juicio, luego de un acuerdo entre los gobiernos de México y Estados Unidos. 

Fue trasladado a México, donde las autoridades determinaron no ejercer acción penal por falta de pruebas.

Finalmente, uno de los casos más relevantes es el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006–2012), quien se convirtió en el funcionario mexicano de más alto rango condenado en Estados Unidos. 

Fue sentenciado a 38 años de prisión por vínculos con el crimen organizado. 

El tribunal lo señaló por participar en una "empresa criminal" y por mantener una "forma de pensar muy similar" a la del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán.

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