CIDH ve riesgos en elección popular de jueces; México acepta que impulsó reforma sin diagnóstico

La audiencia se celebró en Washington tras la queja interpuesta por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial

• Arnulfo de la Cruz
• Noviembre 12, 2024 - 08:12 p.m.
• PRIMERA PLANA

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su profunda preocupación por la polémica reforma judicial de México, la cual establece la elección popular de los jueces, por lo cual, afirmó que "monitoreará" su implementación para vigilar que se respete la independencia del Poder Judicial.

Lo anterior, durante la audiencia que se celebró en Washington tras la queja interpuesta ante dicho organismo internacional por parte de jueces y trabajadores del Poder Judicial en contra de la reforma promulgada el pasado 15 de septiembre, y a la cual acudió como público el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek.

Al hacer uso de la palabra, Andrea Pochak, relatora de la comisión, señaló que la CIDH tiene conocimiento del déficit del sistema judicial en México por la demora, la cantidad de presos sin condena, torturas como método de investigación, cooptación del crimen organizado y la impunidad que muchas víctimas de desaparición forzada han denunciado y que siguen esperando justicia.

"Hay riesgos de mayor deslegitimidad del sistema judicial frente a sistemas de elección de jueces por voto popular, hay riesgos de mayor pérdida de confianza, poca participación ciudadana en las elecciones, que el sistema de elección popular quede paralizado por tensiones políticas partidarias", advirtió.

Asimismo, Pochak hizo algunas preguntas a la defensa del Estado mexicano en relación con la reforma como, por ejemplo, si hubo un diagnóstico antes de promoverla, el por qué no se incluyeron a las fiscalías, cuáles son las medidas para evitar que el crimen organizado se involucre en el proceso electoral judicial o cómo garantizar que juristas honestos participen en las elecciones.

En este sentido, José Antonio Montero Solano, director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica de la Presidencia, sostuvo que la reforma judicial es un gran paso en la democratización de uno de los poderes públicos fundamentales: "el Poder al que le corresponde impartir justicia".

"Esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia. Toda vez que los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados", señaló.

El funcionario incluso presumió que "fue apabullante" el mandato popular en favor de la reforma, no obstante, reconoció que ésta se impulsó sin un diagnóstico previo.

"No existe un diagnóstico; sin embargo, desde 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial", dijo.

Por su parte, el comisionado Carlos Bernal Pulido, expresó que la reforma judicial "es un ejemplo de manual de abuso constitucional" y añadió que, en su opinión, la estrategia de desmontar los contrapesos al Poder Ejecutivo es algo que se ha visto repetirse en gobiernos autoritarios en todo el mundo.

Cabe señalar que a las afueras de la CIDH, jueces federales y trabajadores judiciales se manifestaron en contra de la reforma.