Acusa EE.UU. a empresario tabasqueño de sobornar a funcionarios de Pemex

Uno más se encuentra prófugo

Acusa EE.UU. a empresario tabasqueño de sobornar a funcionarios de Pemex

Autoridades de Estados Unidos detuvieron al empresario tabasqueño, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez, de 46 años, tras ser acusado por el Departamento de Justicia de sobornar con efectivo y artículos de lujo a funcionarios de Pemex, a cambio de obtener licitaciones y beneficiarse con millones de dólares entre 2019 y 2021.

La acusación incluye al también empresario mexicano, Mario Alberto Ávila Lizárraga de 61 años, quien, junto con Rovirosa Martínez, habrían sobornado con alrededor de 150 mil dólares a funcionarios de Pemex y la subsidiaria Exploración y Producción (PEP), obteniendo contratos por, al menos, dos millones 500 mil dólares.

"Entre al menos 2019 y al menos 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices presuntamente ofrecieron pagar y dieron sobornos en forma de artículos de lujo, incluyendo mercancía de las marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros objetos de valor, a al menos 3 funcionarios de Pemex a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las compañías asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios.

"Estas ventajas indebidas ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por al menos 2.5 millones de dólares. Además, según documentos judiciales, Rovirosa presuntamente tiene vínculos con miembros de cárteles mexicanos", señala el Departamento de Justicia en un comunicado.

En este sentido, se informó que Ramón Alexandro Rovirosa - fundador y director Ejecutivo de Roma Energy Holdings- ya fue detenido y compareció este lunes ante el juez, mientras que Ávila Lizárraga se encuentra prófugo.

En la acusación dada a conocer hoy lunes en el Distrito Sur de Texas, se señala que ambos empresarios radicados en dicho estado norteamericano están siendo investigados por el cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras (FCPA) y tres violaciones sustantivas de la FCPA.

"De ser declarados culpables, cada acusado se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de prisión por cada cargo", añade el desplegado.

El fiscal General Adjunto interino, Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, comentó que esta acusación "debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo".

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