Entre choques por concesiones de hasta 60 años, aprueba Congreso creación de la JEC como órgano descentralizado

Faculta al organismo para administrar peajes, contratar créditos y colocar bonos o valores en los mercados financieros

Entre choques por concesiones de hasta 60 años, aprueba Congreso creación de la JEC como órgano descentralizado

Tras debatir la posibilidad de otorgar concesiones carreteras por periodos de hasta 60 años, el Congreso local aprobó, por mayoría de votos, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y a la Ley de Movilidad para dar paso a la creación de la Junta Estatal de Caminos (JEC) como un organismo público descentralizado.

La diputada del PRD, Orquídea López, anunció el voto en contra de su bancada y denunció que la reestructuración de la JEC, propuesta por el gobernador Javier May Rodríguez, faculta al organismo para administrar peajes, contratar créditos y colocar bonos o valores en los mercados financieros.

"Este dictamen no hace un cambio menor. Reforma la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, reforma la Ley de Movilidad y transforma la Junta Estatal de Caminos en un organismo público descentralizado, y aquí aparece el primer punto que nos preocupa: permite que la Junta gestione y opere esquemas de financiamiento, incluyendo la colocación de valores y bonos en los mercados; y el artículo 4, fracción V, permite que su patrimonio se integre con recursos provenientes de financiamientos, colocación de valores, bonos y créditos. Estamos hablando de una institución pública que podrá manejar peajes, concesiones, créditos, bonos y esquemas financieros de largo plazo.

"El segundo punto delicado está en el artículo 183 quáter de la Ley de Movilidad. Ahí se establece que el título de concesión podrá otorgarse por un plazo máximo inicial de hasta 30 años y que podrá prorrogarse por un periodo equivalente. Estamos hablando de decisiones que podrían comprometer infraestructura pública hasta 60 años", advirtió.

A las críticas se sumó la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Fanny Vargas, quien acusó que las modificaciones legales encubren una privatización de las carreteras estatales e imponen cuotas de peaje bajo el discurso de modernidad. 

"Nos pretenden vender un discurso de modernidad y de desarrollo con bienestar, pero cuando leemos la letra pequeña, cuando analizamos el fondo de este proyecto enviado por el Ejecutivo, descubrimos la cruda realidad: están disfrazando de bienestar lo que en los hechos es una privatización encubierta de las vías públicas de Tabasco. En primer lugar, están poniendo precio al derecho de transitar libremente por nuestro estado."

"El artículo 183 bis y 183 quáter de la Ley de Movilidad abren de par en par la puerta para concesionar nuestras carreteras estatales e imponer cuotas de peaje; y no por un par de años, concesiones de 30 años que podrán prorrogarse por otros 30 años, atentando contra la accesibilidad universal y golpeando directamente el bolsillo de la ciudadanía", advirtió.

En contraste, el diputado Manuel Gurría argumentó que la reforma permite la colaboración con la iniciativa privada con los controles indispensables para que el beneficio recaiga en el Estado. 

Por último, la diputada Abby Tejeda Vértiz aseguró que la temporalidad de hasta 30 años no es un regalo a particulares, sino un esquema para amortizar inversiones a largo plazo bajo concurso y con la rectoría del Estado.

"El plazo hasta 30 años tampoco es un regalo; es un horizonte máximo que permite amortizar inversiones de largo plazo. La duración efectiva y cualquier prórroga deben justificarse conforme a las condiciones de cada proyecto. Plazo no significa impunidad; significa planeación, obligaciones y evaluación durante todo el ciclo de vida.

"La pregunta correcta no es si participará el sector privado. La pregunta correcta es bajo qué reglas participa, para qué propósito y bajo la vigilancia de quién. Nuestra respuesta es inequívoca: participa por concurso, para atender una necesidad pública y bajo la rectoría del Estado. El capital privado no sustituye al Estado; el Estado lo orienta, no define la política de movilidad. La política pública define dónde, cuándo y bajo qué condiciones puede ser el capital", concluyó.