Avanza en comisiones del Senado dictamen de ley contra la extorsión

También aplazan nombramientos de magistrados electorales en 13 estados

Avanza en comisiones del Senado dictamen de ley contra la extorsión

Por unanimidad de 33 votos, incluidos de la oposición, las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron expedir la nueva ley contra la extorsión, que permitirá incrementar las penas para quien cometa este delito con un máximo de 42 años de prisión, homologar las sanciones y que se persiga de oficio.

Durante la presentación del dictamen, el presidente de la comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que la minuta avalada por la Cámara de Diputados implica un trabajo de revisión y, para ello, se modificó la sanción de seis a 12 años de prisión para funcionarios del sistema penitenciario, policías y ministerios públicos que permitan o consientan el delito de extorsión.

¿Qué cambios contempla la nueva ley contra la extorsión?

Con las modificaciones y el análisis exhaustivo, que implicó diversos cambios a 15 artículos, se establecieron procedimientos para inhibir las llamadas de extorsión desde las cárceles, así como garantizar los derechos humanos de las víctimas.

En la sesión, la legisladora priista Carolina Viggiano aseguró que, si en algo están de acuerdo con el oficialismo, es en enfrentar este crimen, pero advirtió que se necesita una protección real a las víctimas, quienes dijo, en muchos casos no denuncian por miedo, y es que las mismas autoridades protegen a los delincuentes como pasó en Tabasco con el caso de "La Barredora", ejemplificó.

"Necesitamos una protección real a las víctimas. Si el 97% no denuncia, no es porque no sepan cómo, es porque tienen miedo, porque saben que dentro del gobierno están los que protegen a los extorsionadores, porque desde ahí, como lo vimos con La Barredora, están quienes protegen a los que delinquen fuera.

"Necesitamos distinguir extorsión de otros delitos. La ley debe evitar confusiones con figuras como amenazas, cohecho u otras conductas que requieren tratamiento diferenciado. De lo contrario se generará incertidumbre jurídica y un incremento artificial de carpetas que no resuelve nada", expresó.

¿Cuáles son las preocupaciones sobre la implementación y recursos?

Por su parte la senadora del PAN, Guadalupe Murguía, criticó que no se haya cuantificado un monto presupuestal que se requerirá para crear las unidades especializadas de combate a la extorsión, ni para capacitar a los operadores judiciales y operar el centro de atención a denuncias por extorsión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

"Quiero comentar que a nosotros sí nos preocupa que el artículo noveno transitorio dice que en este delito no va a haber recursos adicionales ni ampliaciones presupuestales. Y preguntaríamos, ¿con qué recursos se van a crear las unidades especializadas en materia de extorsión? ¿Quién va a capacitar, evaluar a los ministerios públicos, analistas, policías ¿Con qué recursos va a operar el centro de atención a denuncias por extorsión? Los mecanismos de atención y protección a las víctimas y a los testigos también requieren recursos adicionales para ser eficaces.

"Si no asignamos recursos suficientes para el cumplimiento de la ley, esto solo va a ser un catálogo de buenas intenciones", sostuvo.

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En respuesta, el morenista Javier Corral señaló que los recursos los deberá canalizar la Secretaría de Hacienda a través de ampliaciones presupuestales.

El dictamen aprobado, y el cual se discutirá este miércoles en el pleno de la Cámara alta, contempla tres conjuntos de agravantes; uno de ellos, cuando la extorsión se cometa en contra de quien realice actividades comerciales, empresariales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesqueras, de servicios públicos o privados.

Asimismo, cuando se le imponga a la víctima el precio de los productos, bienes o servicios que comercializa, o cuando se cometa en contra de una o varias personas migrantes. También será una agravante cuando el pago de la extorsión se deposite en una cuenta del sistema financiero mexicano o de cualquier otro país, o se emplee a un tercero sin que tenga conocimiento del hecho delictivo.

También aplazan nombramientos de magistrados electorales en 13 estados

Por otra parte, la Comisión de Justicia del Senado decidió posponer el dictamen para el nombramiento de magistrados electorales en 13 entidades, lo anterior, debido a que no pudo completar la revisión de los 266 aspirantes a 16 vacantes, pese a que la convocatoria estableció el 18 de noviembre como fecha límite para que esta comisión remitiera a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) los candidatos idóneos y elegibles.

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El presidente de dicha comisión, Javier Corral, solicitó una votación para posponer el dictamen, lo cual fue aprobado por unanimidad. Por ello, el pleno del Senado deberá modificar la convocatoria y emitir una nueva fecha para la entrega del dictamen de personas idóneas y elegibles.

El morenista indicó que en total se registraron 271 personas, de las cuales se entrevistaron a 266, ya que cinco declinaron.

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