Propone Katia Ornelas 30 años de prisión a quien ataque a mujeres con ácidos

• Candelario Osorio León
• Mayo 04, 2022 - 05:29 p.m.
• POLICIACA

La diputada local Katia Ornelas Gil propuso reformas al  Código Penal del Estado, para que los ataques con ácido o sustancias corrosivas que causen lesiones a las mujeres, sean tipificados y sancionados de forma autónoma y con una gravedad similar a la que se califica el feminicidio.

En la exposición de motivos, la priista apuntó que, por el momento, estas “conductas devastadoras” no se encuentran plasmadas en la legislación penal local.

Asentó que los ataques con ácido son un modo de violencia feminicida, así como agresiones con una altísima carga simbólica que pretenden marcar de por vida a la víctima, dejando en el rostro desfigurado y en el cuerpo de la víctima, la firma de su crimen.

“Se propone que a quien afecte la vida de una niña, adolescente o mujer, al agredirla en su integridad física externa o interiormente, usando para ello cualquier tipo de agente físico, químico, ácido o sustancia corrosiva, cáustica, irritante, tóxica o inflamable o cualquier otra que le provoque  lesiones,  se le impondrá de veinte a treinta años de prisión y de mil a dos mil días multa a quien cometa la alteración o daño y ésta haya sido cometida por desprecio u odio a la víctima, motivado por discriminación o misoginia, e incluso, cuando existan datos de violencia de cualquier tipo en contra de la víctima, acoso, hostigamiento o que para tales efectos se prive de su libertad, en dichos casos se impondrá de  treinta a cuarenta años de prisión y de mil a dos mil días multa a quien cometa ese ilícito”, planteó. 

De igual forma, Ornelas Gil propuso sancionar al servidor público que obstruya la procuración o administración de justicia, retarde la investigación, persecución y sanción del delito de feminicidio, así como el relativo a la vida y salud de las mujeres por razón de género, imponiéndole pena de prisión de seis a doce años y de mil a dos mil días multa, además de la destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar otro cargo en el servicio público.