Por otorgar amparo de extradición a exgobernador de Tamaulipas suspenden a dos juezas en el norte del país

Las decisiones de extradición son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo

• Heber Alejo
• Marzo 11, 2026 - 05:14 p.m.
• POLICIACA

Dos magistradas de un Tribunal Colegiado de Circuito en el norte del país fueron suspendidas temporalmente por la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

La medida se tomó tras haber otorgado un amparo contra la extradición del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, bajo presuntas irregularidades procesales.

De acuerdo con el expediente, en marzo de 2018 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aprobó la entrega del exmandatario a las autoridades de Estados Unidos, donde se le acusa de asociación delictuosa y lavado de dinero.

Ante esto, el interesado promovió un primer juicio de amparo que fue negado por un juez de Distrito.

Inconforme con la resolución, en noviembre del mismo año impugnó la sentencia ante el Tribunal Colegiado; no obstante, se omitió informar al presidente del Tribunal sobre dicho recurso para evitar que conociera el caso.

Tras permanecer inactivo durante siete años, el caso se reactivó en diciembre de 2025. Las magistradas señaladas resolvieron un incidente de recusación y excusa sin que el expediente estuviera listado oficialmente.

Posteriormente, dictaron una sentencia que impidió la extradición, modificando el fallo del juez federal. Su argumento central fue que la Cancillería no consideró la opinión de un juzgador, aun cuando esta no era de carácter vinculante.

El presidente de la Comisión de Disciplina, el magistrado Rufino H. León Tovar, explicó que la permanencia de las magistradas en el tribunal comprometería la imparcialidad y el profesionalismo de los juicios de amparo bajo su competencia.

Por ello, ordenó su suspensión temporal mientras el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas realiza la indagatoria que determine las sanciones legales correspondientes.

Según la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la normativa mexicana, las decisiones de extradición son competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, ya que constituyen actos de soberanía nacional fundamentados en principios de reciprocidad internacional.