SRE difunde las comunicaciones sobre solicitudes de detención de Rocha Moya e Inzunza

Así como de otros funcionarios y exfuncionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa

SRE difunde las comunicaciones sobre solicitudes de detención de Rocha Moya e Inzunza

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió este miércoles las comunicaciones oficiales intercambiadas con Estados Unidos sobre las solicitudes de detención con fines de extradición contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, así como otros ocho funcionarios y exfuncionarios de la entidad señalados por vínculos con el crimen organizado.

Los documentos, publicados por la Cancillería por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, exponen la postura del Gobierno de México: verdad, justicia y la defensa de la soberanía nacional.

En ellos se señala que, si bien la mandataria federal ha reiterado que no se protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, cualquier acción legal debe estar sustentada en pruebas claras, verificables y ajustadas a lo establecido en la Constitución.

“El caso se está manejando estrictamente bajo el marco legal de México: todas las solicitudes han sido remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR), la cual ha abierto una investigación y determinará los siguientes pasos con base en las pruebas y el debido proceso, bajo el estado de derecho”, se lee en una de las líneas de comunicación.

Asimismo, resalta que México mantendrá la cooperación con los Estados Unidos, pero no permitirá ninguna interferencia externa en las decisiones que corresponden exclusivamente al pueblo mexicano.

La SRE compartió las acusaciones contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios en el Distrito Sur de Nueva York.

"La acusación sostiene que los imputados participaron en una conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Además, habrían usado sus cargos públicos para proteger a líderes criminales, filtrar información policial y militar sensible, impedir arrestos, ordenar a corporaciones locales resguardar cargamentos y permitir actos violentos del cártel sin consecuencias", refiere la información.

Añade que también se les imputan delitos relacionados con posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos. En un caso particular, uno de los acusados (Juan Valenzuela) enfrenta además cargos por secuestro con resultado de muerte.

"Las autoridades estadounidenses aclaran que se trata de acusaciones, no condenas, y que todos los señalados son legalmente presuntos inocentes hasta probarse lo contrario", puntualiza.

La Cancillería compartió de igual forma un extrañamiento en el que expresa que, “de darse a conocer la información en materia de una solicitud de extradición internacional, antes de que la persona reclamada sea detenida y sometida al procedimiento de extradición correspondiente en el estado requerido, se vulneraría su derecho al debido proceso".