Sancionan a 17 servidores públicos con inhabilitaciones de hasta 10 años y destituciones

Además de multas económicas que superan los 390 mil pesos

Sancionan a 17 servidores públicos con inhabilitaciones de hasta 10 años y destituciones

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó este domingo sobre la imposición de sanciones a 17 personas servidoras públicas por la comisión de faltas administrativas graves y no graves en distintas dependencias del Gobierno federal.

Las medidas fueron aplicadas en coordinación con el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) e incluyen inhabilitaciones para ejercer cargos públicos de hasta 10 años, destituciones, suspensiones y sanciones económicas que superan los 390 mil pesos, en los siguientes casos:

· Comisión Federal de Electricidad: Inhabilitación por cuatro años a Edgar M. y Erick D., de la Zona de Distribución Tacuba Valle de México Centro, por imponer una multa que no correspondía.

· Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: Inhabilitación por 10 años y sanción económica de 180 mil pesos a José S., de la Unidad de Medicina Familiar "C" de la Delegación Estatal Campeche, por hacerse pasar como licenciado en Nutrición.

· Banco del Bienestar: Inhabilitación por dos años y sanción económica de 13 mil pesos a Alejandro R., de la sucursal Xochitepec, Morelos, por realizar 15 movimientos de retiro de efectivo de cuatro cuentas distintas sin el consentimiento de sus titulares.

· Secretaría de Salud: Inhabilitación por tres meses a María N., del Departamento de Enfermería del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, por utilizar su cargo para intervenir en la contratación de tres de sus sobrinos.

· Servicio de Administración Tributaria: Suspensión por 60 días a José V. e Israel A., de la Administración Desconcentrada de Recaudación Baja California "2", en Tijuana, debido a que, sin justificación, no restablecieron a tiempo el Certificado de Sello Digital de una empresa.

Mientras que, por cometer faltas administrativas no graves, fueron sancionadas personas servidoras públicas de seis dependencias:

· Petróleos Mexicanos: Suspensión de ocho días a David R., del Hospital General de Coatzacoalcos, Veracruz, por otorgar y registrar incorrectamente, en septiembre de 2025, una incapacidad médica a una trabajadora en el servicio de urgencias.

· Guardia Nacional: Destitución de Brandon E., Carlos O., Marco M. y José D., de las oficinas centrales en la Ciudad de México, por entregar, en 2023 y 2024, copias de sus certificados de bachillerato, emitidos por el Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública, que no eran válidos.

· Instituto Nacional de Antropología e Historia: Inhabilitación por un año a Juan P., de la Coordinación Nacional de Arqueología en la Ciudad de México, por no informar al área de Recursos Humanos sobre las inasistencias de un trabajador durante seis meses.

· Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado: Suspensión de 15 días a Néstor B., de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de la Información en la Ciudad de México, por solicitar que se realizara el pago de 2 millones de pesos a una cuenta que, si bien pertenecía a la empresa, era distinta a la señalada en el contrato.

· Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo, S.A. de C.V.: Suspensión por 14 días a Edmundo C., de la Gerencia de Ingeniería, debido a que, en 2023, no llevó a cabo las gestiones necesarias para modificar el presupuesto destinado al mantenimiento de la escollera (rompeolas) del canal de acceso a Puerto Laguna de Cuyutlán.

· Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, S.A. de C.V.: Amonestación pública a Eloy R. y Rosa M., de la Dirección de Administración, debido a que, en 2025, no verificaron que los participantes en la licitación pública para impartir cursos de capacitación cumplieran con los requisitos.

La dependencia aseguró que todas las sanciones se impusieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta.

Además, subrayó que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones y que, en caso de hacerlo, estas serán defendidas con la misma firmeza con la que fueron dictadas.