Resolver impugnaciones contra Ley de Comunicación Social, pide Gobierno Federal a SCJN

La Suprema Corte consideró que la ley impugnada "no tenía carácter electoral"

Resolver impugnaciones contra Ley de Comunicación Social, pide Gobierno Federal a SCJN

El Gobierno Federal solicitó a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, que resuelva la constitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social (LGSC), antes de analizar la validez de la reforma a dicha norma, conocida como el "Plan B".

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) emitió un comunicado en el que pide que, en orden de prelación y por seguridad jurídica, el alto tribunal proceda a resolver primero las impugnaciones hechas a esa ley en mayo de 2018.

Recordó que la expedición de la Ley General de Comunicación Social, fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018, por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN.

Rememoró que la validación de la norma fue cuestionada por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son acordes con la Constitución federal.

El Gobierno Federal señaló que, en ese entonces, hace cinco años, la Suprema Corte consideró que la ley impugnada "no tenía carácter electoral", y no concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma "general y abstracta".

Sin embargo, dijo que esa determinación es contraria a lo que ahora se resolvió en una acción de inconstitucionalidad, relativa al "Plan B", aprobado en diciembre de 2022.

La Consejería sostuvo que, hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva en el tema, a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018.

En ese sentido, llamó al máximo tribunal "para que resuelva los asuntos de su conocimiento sin consignas ni distingos políticos, por el bien de la República y el sano equilibrio entre los Poderes de la Unión".

Ello, con el propósito de "evitar la emisión de sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México".

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