México impugnará pago de indemnización por negar permiso para proyecto de minería submarina

Lo obliga a pagar 37.1 millones de dólares por no dar permiso ambiental para el proyecto "Don Diego"

México impugnará pago de indemnización por negar permiso para proyecto de minería submarina

 

El Gobierno de México anunció que impugnará el fallo a favor de la empresa Odyssey Marine, que lo obliga a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por no dar permiso ambiental para el proyecto de minería submarina "Don Diego" en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur

A través de las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), desaprobó el fallo del tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Recordó que la obra programada, entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistía en un dragado marino, con el que extraerían 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años, para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.

En el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, y que las técnicas de que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica nunca.

Las dependencias federales consideraron que el Tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, presentados como testigos por parte de Odyssey. Estos declararon que la negación del permiso se debió a situaciones políticas y no científicas.

Expusieron que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos, lo cual no fue tomado en cuenta.

Ante ello, el Gobierno de México informó que iniciará un juicio de anulación del laudo ante las cortes competentes y que hará valer todos los medios de defensa posibles.

Reiteró que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y que defenderá su soberanía.

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