Layda Sansores advierte penas de hasta 37 años de prisión a detenidas tras la marcha del 8M

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que las 14 detenciones fueron arbitrarias

• Arnulfo de la Cruz
• Marzo 12, 2026 - 11:25 p.m.
• NACIONAL

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, señaló que las mujeres que fueron detenidas por los disturbios durante la marcha del 8M por el Día Internacional de la Mujer podrían recibir penas de hasta 37 años de prisión.

En ese sentido, la mandataria invitó a dos de las policías que fueron agredidas durante la manifestación a la más reciente emisión de Martes del Jaguar, donde les informó que hay cinco personas aprehendidas por las revueltas del pasado domingo y que fueron trasladadas al penal de San Francisco Kobén.

Asimismo, indicó que dos de ellas serán acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa, por lo que podrían ser sentenciadas a más de 30 años de cárcel.

"Quiero informarles que quedaron las dos mujeres que les trataron de incendiar, que tiraron la gasolina y los cerillos. Ellas ya están en Kobén y mañana van a tener la audiencia.

Esperemos que el juez actúe con justicia y que lo que se espera es que su juicio tenga finalmente una sentencia de este homicidio calificado en grado de tentativa, que son muchos, muchos años de prisión. Ahí pueden pasarse a lo mejor 30, 25, 37... son penas muy altas cuando es en este grado en que se dio", dijo.

Sansores San Román, también ventiló que se procederá legalmente contra quienes realizaron actos de iconoclasia (destrucción, alteración o rechazo deliberado de imágenes, monumentos, iconos o símbolos, motivada por razones ideológicas, políticas o religiosas), advirtiendo que deberán reparar los daños y limpiar las pintas.

Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México denunció que las 14 detenciones que las fuerzas de seguridad llevaron a cabo en el marco de las protestas del 8M en Campeche fueron arbitrarias, por lo que exigieron su liberación inmediata y la garantía de su integridad.

De igual forma, solicitaron investigaciones imparciales con perspectiva de género que sancionen los abusos; protocolos policiales que respeten el derecho a la protesta; el cese de la criminalización de las manifestaciones y el reconocimiento de la protesta feminista como una forma legítima de defensa de los derechos humanos.