Este miércoles, la Fiscalía General de la República dio a conocer que logró la extradición de Rafael Antonio Olvera Amezcua, la cual se buscaba desde hace cinco años, pues contaba con al menos cinco órdenes de aprehensión por múltiples delitos, entre los que se encuentran delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El ex dueño de Ficrea es acusado por la FGR como presunto responsable de delitos contemplados en la Ley de Ahorro y Crédito Popular y por operaciones con recursos de procedencia ilícita por 3 mil 407 millones 746 mil 322 pesos.
Rafael Antonio Olvera Amezcua era acreedor de 49 de las 50 acciones que conforman la sociedad Leadman Trade, y aquella en que se protocolizó la constitución de Baus and Jackman Leassing. También en Leadman, Amezcua era accionista mayoritario, presidente del consejo de administración y apoderado para actos de dominio. Así como accionista mayoritario y administrador único de Baus.
Se piensa que las empresas Leadman y Baus fueron creadas por Amezcua para triangular recursos entre estas. Hace apenas unas semanas, Amezcua se amparó contra la orden girada por Sonia Lilia Rodríguez Zetina, jueza tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca, Estado de México, dentro de la causa penal 100/2014, por su presunta responsabilidad en los delitos de delicuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 230 millones de pesos, a raíz de la compra de 11 inmuebles con dinero de los ahorradores defraudados. Sin embargo la FGR obtuvo cuatro órdenes de aprehensión más.
Las nuevas órdenes corresponden a las causas penales 523/2021, emitida por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur; la 222/2019, del juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales de la ciudad de México y la 218/2021, también de un juez de control en la capital del país.
La correspondiente a la causa penal 248/2021, es por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado por toda la operación de Ficrea y Leadman Trade, donde se reclama un lavado de dinero por 7 mil 500 millones de pesos.
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