Canal Once documenta daños a su videoteca tras la toma de sus instalaciones

Afirmó que representa el acervo histórico más importante de la televisión pública del país y un patrimonio del pueblo de México

Canal Once documenta daños a su videoteca tras la toma de sus instalaciones

Luego de recuperar las instalaciones de Canal Once, que permanecieron dos meses tomadas por estudiantes en paro, su directora general, Renata Turrent, exhibió este lunes los daños ocasionados en la videoteca.

En un video difundido en redes sociales, informó que el domingo solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el inmueble, ocupado por los manifestantes desde el pasado 21 de mayo.

Turrent afirmó que la videoteca representa el acervo histórico más importante de la televisión pública del país y un patrimonio del pueblo de México, por lo que aseguró, la prioridad de la emisora es documentar los presuntos daños y trabajar para preservar un archivo que concentra 67 años de historia audiovisual.

"Al entrar a la institución, nosotros hicimos del conocimiento de la Fiscalía General de la República para que ellos pudieran hacer una inspección general de las instalaciones, incluyendo la videoteca, en donde desgraciadamente encontraron presuntos daños, mucho desorden, que ahorita les vamos a mostrar de manera transparente. Y, por supuesto, las investigaciones correspondientes por las autoridades siguen su curso. Las evidencias ya han sido tomadas por parte de la Fiscalía, pero en este momento ya habiendo recuperado la Fiscalía toda la evidencia de los presuntos daños de la videoteca, nosotros queremos informar lo que encontramos", dijo.

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En un comunicado, el Canal Once señaló que ya inició los trabajos para restablecer operaciones en sus instalaciones y el retorno gradual de sus producciones a los foros y espacios de la emisora. Entre ellos, la transmisión de la conferencia matutina presidencial. 

Precisó que la recuperación de las instalaciones se realizó "de manera pacífica", con la presencia de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de un notario público, "quien dio fe del desarrollo tranquilo de la diligencia".