Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, reconoce que recortes en el sector público debilitan servicios básicos

Analistas cuestionaron su postura al considerar que él ayudó a implementar en el gobierno de López Obrador la Ley de Austeridad Republicana

• Arnulfo de la Cruz
• Marzo 27, 2026 - 09:15 p.m.
• NACIONAL

El exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que recortar salarios y empleos en el sector público debilitan los servicios básicos y al Estado.

En un artículo publicado en la Brookings Institution -uno de los think tanks (centros de pensamiento) más antiguos, prestigiosos e influyentes de Estados Unidos- titulado "¿Los políticos subestiman el empleo público?, Herrera Gutiérrez sostiene que la austeridad basada en despidos y reducción de prestaciones compromete la calidad de servicios esenciales como salud, educación y seguridad, además de provocar la salida de personal calificado.

Al inicio del texto, el exfuncionario señala que, cuando los gobiernos necesitan abordar las deficiencias fiscales, una de las primeras cosas que consideran es una reducción de la factura salarial del sector público. 

"Si bien este enfoque puede contribuir a una reducción inmediata del déficit fiscal, tiene consecuencias a medio y largo plazo que deben considerarse seriamente", advirtió.

Añadió que las estrategias de consolidación fiscal que dependen principalmente de los recortes de empleo "pueden comprometer la prestación de servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad, el agua y la electricidad, y socavar la capacidad general del Estado". 

Estas consideraciones, indicó, subrayan la importancia de mantener las reducciones quirúrgicas de la fuerza laboral durante los períodos de restricción fiscal.

El artículo de Arturo Herrera generó reacciones de analistas citados por adn40, quienes cuestionaron su postura al considerar que describe efectos derivados de decisiones que él mismo ayudó a implementar durante su paso por la Secretaría de Finanzas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuando se aplicó la Ley de Austeridad Republicana.

De acuerdo con el economista Raúl González-Pietrogiovanna, durante el 2019 y 2024, el gobierno federal implementó una política de reducción del gasto que impactó directamente a la administración pública, pues más de 100 mil funcionarios fueron afectados por recortes salariales, eliminación de prestaciones y despidos.

Dichas medidas, agregó, alcanzaron instituciones como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), así como al Servicio Profesional de Carrera, donde personal calificado fue despedido, debilitando su capacidad operativa.

Por último, González-Pietrogiovanna señaló que los recursos de los recortes de salarios y empleos se redirigieron a programas sociales y a obras de infraestructura prioritarias como el Tren Maya, la refinería Olmeca y el AIFA, sin que ello compensara la pérdida de capacidades institucionales.