Aprueban diputados reforma que prohíbe la emisión de tarjetas de crédito o débito sin consentimiento

Iniciativa fue remitida al Senado

Aprueban diputados reforma que prohíbe la emisión de tarjetas de crédito o débito sin consentimiento

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma de Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, la cual prohíbe emitir tarjetas de crédito o débito sin consentimiento y así evitar que las instituciones financieras generen cobros por anualidades, comisiones u otros conceptos asociados a productos no solicitados.

La iniciativa fue presentada por el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, quien solicitó que se considerara como un asunto de urgente resolución, por lo que fue votada sin contar con un dictamen.

"La cantidad de personas que tienen una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito son cerca de los 40 millones (...). Muchas instituciones financieras de crédito, a través de campañas o a través de mecanismos propios de la institución, envían tarjetas a sus domicilios, a los domicilios de las personas, sin que las hayan solicitado. Luego, al trayecto del año, les cobran anualidades e incluso intereses moratorios por no pagar esa anualidad. Y al final, muchos de estos usuarios terminan en el buró de crédito negativo para poder adquirir un crédito o adquirir algún derecho de inclusión financiera", expuso.

¿Cuáles son las obligaciones de las entidades emisoras y el proceso de cancelación?

Lo recién aprobado también propone que, las entidades emisoras de medios de disposición consistentes en tarjetas de crédito o débito deberán garantizar que toda información relativa a costos, cargos y comisiones asociados al producto sea clara, veraz y suficiente, en protección al usuario.

Además, se prohibió toda oferta, promoción o mensaje que, de manera directa o indirecta, induzca al cuentahabiente a considerar que estos carecen de costos cuando generen comisiones, anualidades, cargos adicionales o cualquier otra contraprestación económica.

También establece que al momento en que la persona usuaria solicite la cancelación, la entidad emisora deberá realizar de manera inmediata un bloqueo preventivo, entendido como la suspensión temporal de toda transacción o cargo asociado a la tarjeta, con el fin de evitar operaciones mientras se formaliza la cancelación definitiva del contrato o medio de disposición.

La iniciativa fue remitida al Senado para continuar su proceso legislativo.

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