Fiscalía de Perú denuncia a Dina Boluarte por muertes en protestas

La presidenta lo calificó como una "deleznable maniobra política"

Fiscalía de Perú denuncia a Dina Boluarte por muertes en protestas

La fiscal de Perú, Patricia Benavides, informó este lunes que presentó una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte y el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola, por las muertes registradas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y enero de 2023.

La denuncia presentada ante el Congreso, incluye a los exministros del Interior César Cervantes, Víctor Rojas Herrera y Vicente Romero, por los presuntos delitos de "homicidio calificado" y lesiones graves.

"Se ha formalizado investigación preparatoria contra los autores directos de dichos agraviados. Finalmente, no se debe permitir la muerte de ningún peruano, así como tampoco el abuso del poder", subrayó.

Cabe señalar que los fiscales que integran el equipo especial anticorrupción se rebelaron contra la fiscal general, tras destituir del cargo a la coordinadora de ese grupo que persigue la corrupción en el poder, Marita Barreto, esto en represalia por abrir una investigación en su contra por la supuesta conformación de una red criminal en el Ministerio Público.

Más tarde, la presidenta Dina Boluarte emitió un pronunciamiento acompañada por sus ministros en Palacio de Gobierno, donde calificó la denuncia constitucional en su contra como una "deleznable maniobra política".

"Expresamos nuestra condena ante tan deleznable maniobra política, con la que utilizando indebidamente la memoria de compatriotas fallecidos se pretenda distraer la atención de una denuncia gravísima contra la propia fiscal de la nación", indicó.

La mandataria señaló que le parece "sospechoso y grave" que dicha acusación en su contra se presente luego de que los fiscales supremos hayan pedido la renuncia de Benavides.

Entre 2022 y 2023, Perú registró una serie de protestas por parte de seguidores del expresidente Pedro Castillo, inconformes por su destitución y detención por rebelión, y que dejaron más de 40 muertos y cientos de heridos, según organizaciones de derechos humanos.

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